Aunque nos sentimos y declaramos demócratas en el sentido estricto del concepto, el Movimiento Regeneracionista Español, es un movimiento ciudadano libre, independiente y sin adscripción ideológica determinada. Por lo que propugnamos la instauración en España de un verdadero Sistema de Gobierno Democrático, que garantice de forma efectiva a todos y cada uno de sus ciudadanos el respeto y cumplimiento de los principios jurídico-políticos que emanan del texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su declaración 217 A(III).
Puesto que somos conscientes de que el sistema de gobierno instaurado en España a partir de la promulgación de la Constitución de 1978 no es una democracia, denunciamos el modelo de Estado que establece esta para España, por considerarlo inviable y contrario a los intereses políticos, económicos y sociales de la Nación Española, así como todo el ordenamiento jurídico vigente desarrollado a su amparo y la posterior jurisprudencia interpretativa del Tribunal Constitucional.
No obstante, por nuestra condición de demócratas respetamos y acatamos el espíritu y la letra de la Constitución española de 1978 por haber sido refrendada por el Pueblo español vía referéndum nacional, pero es nuestra intención plantear una profunda reforma no rupturista de la misma, respetando escrupulosamente para ello, las formas y los valores de la Democracia.
De igual forma, también propugnamos llevar a cabo una profunda revisión y reforma del vigente Ordenamiento Jurídico, emanado al amparo del texto constitucional de 1978. Pues como defensores de los valores y de las formas de la Democracia, nada puede justificar que los ciudadanos españoles nos veamos obligados a transgredir nuestros derechos de ciudadanía, aceptando y acatando leyes a veces despóticas y anti-democráticas, redactadas siguiendo las directrices que los diferentes poderes fácticos o grupos de presión dictan a las camarillas políticas que llevan ocupando sin la debida legitimidad democrática nuestras instituciones políticas desde el año 1978, apoyándose en una norma básica redactada y elaborada sin legitimidad democrática alguna y en algunos casos a espaldas de los legítimos intereses del Pueblo español.
Como defensores de la democracia directa y participativa, propugnamos también una descentralización político-administrativa directa del Estado español en el sentido Estado-Municipios. Pues consideramos a el ámbito municipal como la verdadera patria del ciudadano, por ser el espacio físico-político más próximo a este, y donde discurre y se desarrolla la mayor parte de su existencia física. Siendo a su vez el ámbito municipal, el espacio físico-político en donde el ciudadano puede reivindicar y ejercer más directamente sus plenos derechos de ciudadanía.